Los contratos administrativos mineros y los contratos de asociación minera con partes estatales, que serán suscritos a partir de la vigencia de la nueva ley minera, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque habrá excepciones para los nuevos contratos con cooperativas mineras, por el carácter de interés social y finalidad no lucrativa de los cuentapropistas.
Éste es uno de los acuerdos alcanzados anoche en la reunión entre autoridades del Gobierno y dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y que ingresó en cuarto intermedio hasta el lunes.
Los representantes de ambos sectores consensuaron los artículos 62 y 132 de la nueva ley minera, y dejaron pendiente el artículo 151, considerado el más polémico, hasta la próxima reunión, aunque anoche se plantearon propuestas de ambos lados.
El artículo 132, consensuado y al que tuvo acceso Página Siete, indica que "los contratos administrativos mineros y los contratos de asociación minera con partes estatales, suscritos a partir de la vigencia de la presente ley, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, excepto: a) Por tratarse de derechos preconstituidos o derechos adquiridos, reconocidos por la Constitución, los siguientes: i) Contratos administrativos mineros por adecuación de ATE a contrato. ii) Contratos de asociación que se suscriban para fines de adecuación en sustitución de contratos de riesgo compartido o arrendamiento”.
Además, el inciso b del mismo artículo indica que tampoco pasarán por la Asamblea "los nuevos contratos administrativos mineros suscritos con: i) Las cooperativas mineras, por el carácter de interés social y finalidad no lucrativa de las cooperativas mineras. ii) Las empresas públicas mineras, por su carácter estatal”.
Al término de la reunión, el presidente de la Fencomin, Alejandro Santos, afirmó que "para tranquilidad de todos los compañeros cooperativistas, se han incorporado los derechos preconstituidos, y en el (artículo) 132 la redacción se ha cambiado”. "Nos han indicado que los contratos iban a ir por el Legislativo pero no había plazos, ahora se ha incluido un plazo de 90 días, si en este plazo se estuviese aprobando directamente quedaría por aprobado este contrato. Al menos para mí es un buen avance”, comentó Santos.
También dijo que el único tema pendiente con el Gobierno es el artículo 151. "El Gobierno ha presentado una propuesta, ya hemos discutido y el lunes vamos a definir. Son propuestas, nadie está imponiendo criterios, se tiene buena disposición”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó como una reunión positiva porque se logró consensuar dos artículos.
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