El Comando General de la Policía no presentó aún el informe sobre la nómina de efectivos policiales que participaron en los operativos de desbloqueo en la población de Panduro, el 25 de agosto, en los que perdieron la vida el minero cooperativista Rubén Arapaya con una disparo de arma de fuego y el viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes, a manos de una turba.
Según los requerimientos hechos por Genaro Quenta, el viernes feneció el plazo para que la Policía presente los mencionados informes, ahora el fiscal departamental Edwin Blanco tomó conocimiento de este hecho y será quien defina la acción legal que se asumirá ante este incumplimiento; a la fecha, la Fiscalía desconoce quiénes comandaron los operativos.
El jueves, el comandante departamental de la Policía, coronel José Luis Aranibar, quien estuvo al mando de dichos operativos, aseguró a EL DIARIO, que no emitirá declaración alguna hasta después de dar su declaración ante la Fiscalía.
NO HAY INVESTIGACIÓN
“La Policía hasta ahora no ha remitido la lista de funcionarios que han participado del operativo”, afirmó el fiscal Quenta, a tiempo de informar que las citaciones se darán en función de la nómina que presenten.
Por otro lado, con este incumplimiento, también se retrasa la investigación del hecho, pues sin la nómina tampoco se puede realizar la inspección ocular al lugar de los hechos, a pesar de los días que transcurren.
Otro aspecto que no tiene avance es el informe de balística que debe ser remitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Hasta ayer no se tenían los resultados.
Según la explicación del fiscal, todos los actos investigativos están paralizados, pues tampoco se tiene informe de la recolección de indicios, que se realizó el viernes 26 de agosto, cuando miembros de varias unidades realizaron el rastrillaje de la zona y se recolectaron, según informes inmediatos, más de 30 kilos de explosivos.
Sin embargo, pese a la difusión de fotografías y que la muerte del cooperativista Arapaya fue producto de una bala en el pecho, no se recolectó ni un solo casquillo, según el reporte del fiscal, Luis Ayala, quien investiga el caso del viceministro Illanes.
PERIODISTAS Y DEFENSOR
Por otro lado, Quenta adelantó que el investigador policial identificará a los medios de comunicación que tenían periodistas en el sector, en los horarios que se dieron los enfrentamientos, con el fin de que presten algún tipo de información. (Los periodistas han informado a la opinión pública de inmediato, no son informantes de la Policía).
Quien debe presentarse a declarar es el defensor del Pueblo, David Tezanos. La semana pasada se retractó de haber hecho declaraciones contra la acción realizada por la Policía, y cambio su versión, y “ponderó” el trabajo de los efectivos, “pese a las carencias” en su equipamiento.
El día de la muerte de Arapaya, Tezanos confirmó que los policías en Panduro portaban armas de reglamento y habían hecho uso de las mismas.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó el fin de semana que la Policía cumplió con todos los requerimientos que los mineros cooperativistas hicieron, como condición para rescatar al exviceministro Illanes, y precisó que se ordenó el repliegue policial a las 14.00 del 25 de agosto.
En contradicción de lo que manifestó Tezanos, Romero señaló que informes de periodistas, que realizaron cobertura en ese horario, fueron los mineros quienes provocaron el enfrentamiento, que desde las 14.00 hasta las 17.30 dejó un saldo de 27 mineros heridos y la muerte del joven de 26 años Rubén Arapaya.
Según el informe de testigos presenciales y el reporte de periodistas de radio, la muerte de Arapaya, con disparo en el pecho, detonó la ira de un sector de los cooperativistas, que rebasaron a la custodia de Illanes, y arremetieron contra él y lo victimaron a golpes.
En ese enfrentamiento, también recibió un disparo en la cabeza el minero Pedro Mamani Massi, de 41 años, quien luego de varios días de permanecer en estado vegetal, en el hospital Obrero de Oruro, perdió la vida y fue enterrado el sábado último.
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